POR ALBERTO CAMINERO
La Junta Central Electoral (JC) pidió hoy una explicación al secretario administrativo de la Presidencia, Luis Manuel Bonetti, en torno a la denuncia de que militantes del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) cobran sin trabajar a través de nóminas de instituciones del Estado, como divulgó la productora Nuria Piera por el programa de televisión Nuria.
En una comunicación del presidente de la Cámara Administrativa de la JCE, doctor Roberto Rosario Márquez, y los jueces César Francisco Féliz Féliz y José Angel Aquino Rodríguez, vía el consultor jurídico del Poder Ejecutivo y delegado ante la Junta, doctor César Pina Toribio, informan al Gobierno que se decidió, de oficio, abrir una investigación administrativa en torno a la denuncia, “en razón de que la información servida al público plantea que la acción administrativa a que se contrae esta instancia, tiene un propósito proselitista en perjuicio de los partidos de oposición”.
“Como es obvio, tenemos el deber de rodear el sufragio de las mayores garantías y para eso necesitamos recibir una explicación de esa secretaria Administrativa de la Presidencia, en relación al contenido del programa citado, el cual por demás hemos grabado y le remitimos anexo en formato digital”, dice uno de los párrafos de la carta del presidente de la Cámara Administrativa, copia de la cual tuvo acceso El Nacional.
Agregó que en consecuencia, “contamos de antemano con su colaboración como funcionario público y mucho agradeceríamos que las explicaciones solicitadas nos sean remitidas a la mayor brevedad posible, toda vez que las imputaciones vertidas requieren rapidez de nuestra parte, sin menoscabo de las necesarias ponderaciones y previsiones de lugar, a fin de tomarlas en cuenta antes de concluir el proceso de investigación e instrucción de la denuncia formulada”.
La decisión de la Cámara Administrativa señala que tomaron la decisión debido a que en el programa de Nuria se presentó la denuncia de que en las instituciones del Estado existen nóminas, o nominillas, que a decir de la denunciante están dirigidas a dirigentes políticos del partido de Gobierno, y que se implementan en las secretarías de Obras Públicas, Agricultura, Instituto Agrario Dominicano, Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, Instituto Nacional de Aguas Potables y la Corporación de Acueductos y Alcantarillados de Santo Domingo.
“Independientemente de la veracidad o no de la precitada denuncia, la Ley Electoral en su artículo 6, le confiere a la Cámara Administrativa de la JCE la capacidad de disponer cuantas medidas considere necesarias para resolver cualquier dificultad que se presente en el desarrollo del proceso electoral, y dictar, dentro de sus atribuciones que le confiere la ley, todas las instrucciones que juzgue necesarias y convenientes, a fin de rodear el sufragio de las mayores garantías y de ofrecer las mejores facilidades a todos los ciudadanos aptos para ejercer el derecho al voto”, indica la JCE.
Dice que dichas medidas tendrán carácter transitorio y sólo podrán ser dictadas y surtir efectos durante el período electoral de las elecciones de que se trate.
“Es importante informar, que una vez se declare abierto el período electoral, de conformidad con lo previsto en el artículo 88 de la Ley Electoral, es obligación de la JCE ofrecer las mismas garantías a todos los candidatos y partidos políticos, así como adoptar las medidas y disposiciones que fueren necesarias para la buena marcha del proceso electoral”, indica la comunicación.
Carta a Nuria
Asimismo, el presidente de la Cámara Administrativa envió una carta a la productora de televisión Nuria Piera, en la que le comunica que la Junta abrió una investigación en torno a la denuncia presentada en su programa de televisión.
“Independientemente del contenido de la precitada denuncia, la Cámara Administrativa ha decidido conocer la misma de oficio y solicitarle remita, a la mayor brevedad posible, toda la información y documentaciones que usted posea sobre el particular, a fin de discutirla y valorarla a la luz de las disposiciones legales vigentes”, expresa Rosario.
Agregó que “conocemos de su profunda vocación democrática y su compromiso con la democracia, y sabemos que cualquier actuación suya está dirigida a fortalecer las instituciones y consolidar el proceso electoral, por lo que de antemano contamos con toda su colaboración”.
Dice que “en ese sentido, en la edición de su programa del sábado 8 de los corrientes, y en la continuación del mismo el sábado 15, fue presentada la información de que en las instituciones públicas se están utilizando los recursos del Estado con fines electorales, presentando una serie de casos, que a su entender, sustentan esta denuncia”.
La entrega de cheques a supuestos militantes del PLD a través de una nominilla denominada “CB” provocó reacciones negativas de instituciones y organizaciones de la sociedad civil, así como solicitud de condena de los partidos Revolucionario Dominicano y Reformista Social Cristiano.
Somenten ante pleno
El Pleno de la Junta Central Electoral fue apoderado ayer por el juez Eddy Olivares de una instancia para conocer de urgencia las denuncias sobre pagos a militantes del PLD en instituciones del Estado, a través de nómina denominadas como “CB” y entiende que en el presente caso el organismo tiene la obligación de actuar con el solo conocimiento de la existencia de una denuncia relativa a los hechos enunciados, de conformidad con el Art. 47 de la Ley 275-97.
Junto con la instancia entregada al presidente de la JCE, doctor Julio César Castaños Guzmán, vía el secretario general, doctor Hilario Espiñeira Ceballos, el juez de la Cámara Contenciosa entregó copias del programa de Nuria Piera, en que se hizo la denuncia, y que dijo fuero suministradas por la productora del Color Visión.
“Debido a los hechos expuestos, se puede concluir que las anteriores son razones serias y suficientes para solicitar que se convoque de urgencia al Pleno para conocer como punto único la investigación realizada por la periodista Nuria Piera en relación con la existencia de diversas nóminas irregulares denominadas CB en varias instituciones del Estado, para beneficiar a partidarios del Partido de la Liberación Dominicana”, concluye la instancia de Olivares.
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