Honorable Señor Presidente de la Asamblea Nacional, Dr. Reynaldo Pared Pérez.
Honorable Señor Vicepresidente de la República, Dr. Rafael Alburquerque.
Honorable Señor Presidente de la Cámara de Diputados, Lic. Julio César Valentín.
Honorable Señor Presidente de la Suprema Corte de Justicia, Dr. Jorge Subero Isa.
Honorable Señor Presidente de la Junta Central Electoral, Dr. Julio César Castaños Guzmán.
Reverendísimo Monseñor Timothy Broglio, Nuncio Apostólico de Su Santidad Benedicto XVI.
Honorables Miembros del Cuerpo Diplomático y Consular y de los Organismos Internacionales.
Honorables Señores Miembros de la Asamblea Nacional.
Autoridades Civiles y Militares.
Invitados Especiales.
Señoras y Señores:
Permítanme, en primer lugar, testimoniar mis más sinceras congratulaciones al Presidente del Senado y de la Asamblea Nacional, Dr. Reynaldo Pared Pérez, por ser el primer dirigente del Partido de la Liberación Dominicana en ocupar tan alta y honorable posición; y al Presidente de la Cámara de Diputados, Dr. Julio César Valentín, quien desde su nueva función de dirección simboliza a una nueva generación, cada vez más dinámica, activa y comprometida con el futuro de la Patria.
De igual manera, deseo extender mis más cálidas felicitaciones a todos y cada uno de los integrantes del actual Congreso Nacional, representantes de las distintas fuerzas políticas del país, por su reciente elección como miembros de este poder del Estado.
Su escogencia ha sido una legítima expresión de la voluntad del pueblo dominicano y una reafirmación de la pluralidad y fortaleza de nuestro sistema democrático.
A todos Uds., mis felicitaciones más sinceras.
Ahora, como es de rigor en esta magna ceremonia de rendición de cuentas a la nación, concédanme el honor de empezar por informarles acerca del desempeño de nuestra economía durante el año 2006.
En efecto, durante el año que acaba de transcurrir nuestra economía tuvo una tasa de crecimiento de 10.7 por ciento. Ese crecimiento es el más alto alcanzado por la República Dominicana en los últimos 19 años, el más alto de América Latina en el 2006 y uno de los más altos del mundo.
Si estuviésemos refiriéndonos a una competencia olímpica diríamos que en materia de desempeño económico, la República Dominicana obtuvo el año pasado una medalla de oro.
Eso, obviamente, contrasta con la situación del país en el año 2004, cuando la economía sólo creció 2 por ciento, o en el 2003, cuando estuvo en negativo en 2 por ciento.
En el 2005, durante nuestro primer año completo de gestión, la tasa de crecimiento de la economía fue de 9.4 por ciento, lo que significa que durante dos años consecutivos el país ha vuelto a recobrar y hasta a superar los altos niveles de crecimiento obtenidos durante los últimos años de la década de los noventa.
Ahora se dice, en los círculos internacionales, que la República Dominicana crece a ritmo asiático.
Por supuesto, todo eso pone en evidencia que el paciente moribundo y casi desahuciado de la economía dominicana que heredamos hace dos años y medio, ya hace tiempo que salió de la sala de cuidados intensivos. En estos momentos se encuentra en franco proceso de recuperación. Acaba de obtener, en forma positiva, los resultados del quinto y sexto examen del más severo y riguroso médico de fama mundial: el Fondo Monetario Internacional; y nos encontramos confiados que la próxima vez que comparezcamos ante esta augusta Asamblea Nacional, sea para darles la buena noticia de que al paciente, definitivamente, se le dio de alta.
Ahora bien, es importante destacar que a pesar de ese impresionante crecimiento económico del 2006, la inflación fue tan sólo de 5 por ciento; y pudo haber sido hasta menor si no hubiese sido porque los precios internacionales de los combustibles subieron en forma desorbitada, llevando al país a gastar en la factura petrolera unos 420 millones de dólares más que en el año 2005.
La rectificación fiscal realizada en la etapa final del 2006 ha tenido a principios de este año un efecto mínimo de tan sólo 0.93 por ciento sobre el índice de precios al consumidor, lo que permite establecer que algunos de los temores inicialmente albergados se han ido disipando.
La tasa de cambio se mantuvo estable, en alrededor de 33 pesos por dólar, sin alteraciones significativas.
Los préstamos de la banca aumentaron, en términos netos, 27 mil 629 millones de pesos, de los cuales le correspondió al sector privado un monto de 24 mil 451 millones de pesos.
Del incremento de préstamos al sector privado, el 72 por ciento fue canalizado hacia las actividades productivas, y de estas actividades, las dos de mayor relevancia fueron el sector de la construcción, con un 84 por ciento, y la industria local, con un 42 por ciento.
Todo eso hace deslizar por la borda los alegatos que algunos sectores venían esgrimiendo de que la mayor parte de los préstamos de los bancos se había estado canalizando para el consumo individual, y de manera especial, para el pago de tarjetas de crédito.
Hoy, ya sabemos que no es así; que el grueso de esos préstamos se fueron al sector productivo nacional, y que eso, fundamentalmente, es lo que explica los astronómicos niveles de crecimiento que está alcanzando la economía dominicana.
Ahora bien, ese aumento considerable de los préstamos de la banca al sector privado se debe a una razón fundamental: a la reducción sustancial de las tasas de interés.
En agosto del 2004 la tasa de interés activa promedio de la banca múltiple era de 32.28 por ciento. Actualmente, es de 16.44 por ciento, casi la mitad de lo que era dos años y medio atrás.
Las tasas de interés para viviendas y solares han bajado de manera dramática, una de las más bajas en los últimos 30 años. Se están ofertando de manera fija por períodos más largos y los plazos para repagar los préstamos se han alargado.
Eso es lo que ha permitido que muchas personas encuentren hoy mayores facilidades para adquirir sus viviendas, o comprar a crédito vehículos, motores, neveras, estufas, muebles y todo aquello necesario para conducir la vida diaria de manera más fácil y llevadera.
Las reservas internacionales del Banco Central se encuentran en estos momentos en 1 mil 180 millones de dólares, casi 500 millones de dólares más que lo proyectado por el Fondo Monetario Internacional para el año 2006.
En el 2004 era de menos 22 millones de dólares.
Por segundo año consecutivo, las inversiones internacionales sobrepasan los mil millones de dólares. La calificación de riesgo país ha pasado de la más baja, CCC, a B positivo, conforme a los criterios de agencias calificadoras, como Standard and Poor’s y Fitch, lo que le ha permitido al sector privado incursionar, con éxito, en los mercados financieros internacionales de capitales.
La construcción registró un aumento de 22.9 por ciento, el cual se debió a la acción combinada del sector público y del sector privado. La industria local, a su vez, experimentó un auge de su valor agregado de 7.6 por ciento, lo cual se explica por el incremento registrado en la elaboración de productos como las pastas alimenticias, productos lácteos, aceites, cemento, pintura y varilla.
El comercio experimentó un crecimiento de 11.7 por ciento, y los préstamos a ese sector, 44 por ciento.
Establecimientos comerciales, entre los cuales figuran Almacenes Sema, Almacenes El Canal, La Sirena, Carrefour, Almacenes Rodríguez, Sederías California y La Gran Vía, aumentaron sus ventas en más de un 20 por ciento.
Los supermercados, entre los cuales, a su vez, habría que mencionar El Nacional, Bravo, La Cadena, Jumbo, Despensa, Pola y Carrefour, aumentaron en más de un 16 por ciento.
Figuras emblemáticas del comercio nacional, como don Pepín Corripio y don Mario Lama me han hecho saber, de sus propios labios, que el 2006, en términos de ventas, fue un año excepcional, y que inclusive, los meses de octubre, noviembre y diciembre, batieron los récords de todos los tiempos.
Naturalmente, si el comercio pudo incrementar de manera tan notable sus ventas durante el año recién finalizado, se debe a que alguien compró, y el que compró, por supuesto, fue el pueblo dominicano, que debido a la estabilidad de nuestra economía, a la confianza de los mercados y al clima de paz reinante, pudo mejorar sus condiciones materiales de vida.
En el año 2006, cada dominicano pudo consumir, en promedio, 73 libras de carne de pollo, comparado con tan sólo 49 libras, dos años atrás.
En el 2006, cada dominicano pudo consumir 185 unidades de huevo, frente a 103, dos años atrás.
El año pasado, cada dominicano pudo consumir 223 unidades de plátanos, frente a tan sólo 120 unidades en el 2004.
El año pasado, cada dominicano pudo adquirir 25 libras de cerdo, mucho más que las 14 libras del 2004. Pudo consumir 14 y media libras de habichuelas rojas, lo que es más que las 11 libras que pudo adquirir en el 2004; y pudo ingerir casi 77 litros de leche, lo que también es más que los 70 litros consumidos dos años atrás.
En fin, Honorables Miembros de la Asamblea Nacional, en el 2006, el pueblo dominicano comió más y comió mejor que dos años atrás.
En lo que respecta al sector agropecuario, éste creció 9.9 por ciento. Se fortaleció el programa de pignoración para garantizar la rentabilidad a los productores y precios razonables a los consumidores con una participación de la banca comercial de 7 mil millones de pesos.
Se formalizaron préstamos a través del Banco Agrícola por un monto de 5 mil 552 millones de pesos, beneficiando a 28 mil 200 productores.
Se rehabilitaron 380 kilómetros de caminos vecinales y se aplicaron programas fitosanitarios y de manejo integrado de plagas en los cultivos de arroz, bananos y plátanos, cacao y tomate industrial.
Fortalecimos el programa de control y erradicación de la peste porcina clásica y se le brindó respaldo a pequeños y medianos productores de zonas deprimidas, mediante la preparación gratuita de 417 mil tareas favoreciendo a 11 mil 700 agricultores.
De igual manera, se fortaleció el programa de unidad pecuaria familiar, distribuyendo más de 100 mil unidades de diferentes especies (bovinos, porcinos y aves), beneficiando a cerca de 32 mil familias en las zonas más pobres del país.
Con miras hacia el futuro, lo más trascendente en el área agropecuaria consiste en garantizar la demanda doméstica agroalimentaria; incrementar las agro-exportaciones generadoras de divisas, que el año pasado crecieron en más de un 44 por ciento; mitigar la pobreza y crear empleos rurales y finalizar el proceso de reforma y modernización institucional del sector.
Otro sector que registró un gran crecimiento fue el turístico. Durante el pasado año, la República Dominicana recibió casi cuatro millones de turistas y se construyeron e incorporaron a la oferta hotelera 5 mil 88 nuevas habitaciones.
La inversión total en el sector fue superior a los 650 millones de dólares y estamos absolutamente convencidos de que el ingreso total de dólares generados por la actividad turística sobrepasó los 3 mil 750 millones de dólares.
El año 2006 marca el inicio de la verdadera transformación del turismo dominicano. Se formó el Comité Ejecutor de Infraestructuras en Zonas Turísticas, conocido como CEIZTUR, y éste cubrió a cabalidad un ambicioso proyecto de regeneración y saneamiento de playas que abarcaron en conjunto unos 12 kilómetros y beneficiaron a Puerto Plata y Cabarete, en la zona Norte, y Juan Dolio en el Sudeste del país.
Los trabajos de infraestructuras iniciados incluyen los sistemas sanitarios de la ciudad de Puerto Plata, Cabarete y Las Terrenas. Al mismo tiempo, se iniciaron la construcción de 600 unidades habitacionales para alojar a los moradores del Barrio El Tablón, de Sosúa.
Además, está prácticamente terminada la carretera que unirá La Otra Banda con Macao y para el mes de diciembre de este año esperamos estar inaugurando la carretera Santo Domingo-Samaná.
En materia de medio ambiente y recursos naturales, se continúan los programas para garantizarle a la sociedad dominicana agua y aire limpios; costas y playas limpias y seguras; áreas protegidas; tolerancia cero al delito ambiental; educación, investigación y recreación ambiental, así como el relanzamiento del Plan Quisqueya Verde.
Trabajaremos en el saneamiento de la cuenca del río Higuamo y en el fomento del uso racional de agua en zonas frágiles del país, como en el acuífero costero Masacre y el río Artibonito.
Se fortalecerán los planes de monitoreo de fuentes de agua. Se continuará con el compromiso nacional para eliminar la extracción de agregados de los cauces. Se continuarán los diagnósticos de vertederos ubicados en cuencas hídricas y hoy aquí reafirmamos el compromiso de apoyo de la Secretaría de Medio Ambiente a los ayuntamientos del país.
En definitiva, en lo que a protección del ambiente se refiere, las actuales autoridades gubernamentales estarán siempre dispuestas a agotar todos los mecanismos disponibles hasta alcanzar el pleno y total respeto a la integridad del territorio, al cuidado del agua y a la protección del aire en la República Dominicana.
Honorables Miembros de la Asamblea Nacional:
El año que acaba de transcurrir fue declarado Año de la Generación de Empleos, y en efecto, durante ese lapso se crearon más de 100 mil empleos, con lo cual, desde el 2004, hemos podido generar 286 mil 636 nuevos empleos directos en la República Dominicana.
Eso ha permitido que la tasa de desocupación, que al llegar nuevamente al gobierno era de 19.7 por ciento, haya disminuido 3.7 por ciento, y se encuentre en estos momentos en un 16 por ciento.
Al ritmo que vamos en la generación de nuevas fuentes de trabajo en el país, no me cabe la menor duda de que cumpliremos con la meta anunciada de 400 mil nuevos empleos en estos cuatro años de gestión gubernamental.
Es nuestra aspiración que al culminar esta administración nos encontremos en los niveles en que lo dejamos en el año 2000, que era tan sólo de 13 por ciento de desempleo, y que en pocos años pueda lograrse la meta, hasta ahora nunca alcanzada, de un nivel de desocupación inferior a los dos dígitos.
Así, en esa forma, la modernización y el progreso abarcará a todos y tendremos, por ese motivo, una nación más próspera, pero al mismo tiempo más justa y más solidaria.
Estamos conscientes de que a pesar de los logros conquistados, todavía prevalece en nuestro país una situación de precariedad social que debe ser enfrentada con determinación y creatividad, a fin de que la riqueza derivada del crecimiento económico beneficie a la mayoría de los dominicanos.
Estamos conscientes que el panorama de desolación y miseria que todavía afecta a núcleos importantes de nuestra población, se erige en el más colosal desafío que esta generación debe enfrentar para que los sueños de progreso, de modernización y de justicia social, no se conviertan en una quimera de poetas románticos o en una fantasía de ilusos irremediables.
Para coronar con éxito ese inmenso desafío que tenemos por delante, se hace imprescindible asegurar para los años por venir la continuidad del crecimiento económico y la estabilidad, al tiempo que aplicamos de manera consistente una estrategia nacional de reducción de pobreza.
Esa estrategia, tal como ha sido consensuada por diversos sectores de la vida nacional, debe estar orientada hacia tres aspectos fundamentales:
Primero: Hacia la creación de oportunidades económicas para los sectores más pobres del país, y eso significa, esencialmente, la generación de empleos, tanto a nivel urbano como rural, a través de medianas, pequeñas y microempresas.
Segundo: La realización de inversiones estratégicas en los grupos más vulnerables, afectados de extrema pobreza; y
Tercero: Mejorar la equidad fiscal y fortalecer los servicios de protección social.
Estamos seguros que ante esa gigantesca tarea que significa reducir, en forma significativa, la pobreza en la República Dominicana, como en todas las tareas que hemos emprendido unidos como pueblo a lo largo de nuestra historia, saldremos una vez más victoriosos, triunfantes, con un nuevo país, objeto de orgullo para los dominicanos y de admiración y respeto para las demás naciones del mundo.
Ahora bien, ningún avance significativo puede lograrse en una estrategia nacional de reducción de pobreza si no se le presta atención especial a la educación, a la salud, a la seguridad social, a las redes de protección social, a la inclusión de los jóvenes, los ancianos y las mujeres, así como a la promoción de los valores de la cultura, la recreación y el entretenimiento.
En el campo de la educación, durante el 2006 la presente administración gubernamental continuó impulsando grandes proyectos y programas tendentes a elevar su calidad.
Producto de esos esfuerzos, se logró el mejoramiento de los estándares e indicadores que demuestran como nuestros estudiantes han venido mejorando el rendimiento escolar en los niveles Inicial, Básico y Medio, en las modalidades de Educación de Jóvenes y Adultos, así como Técnico Profesional.
Al momento de asumir la actual gestión, uno de los principales retos en el área de educación era el referente a la infraestructura. El panorama se caracterizaba por la falta de aulas y el deterioro progresivo de la mayoría de los planteles escolares del sector oficial, por lo que decidimos poner en marcha un plan de construcciones con la finalidad de afrontar con éxito esa situación.
Solamente el año pasado, este gobierno invirtió en infraestructura por encima de 2 mil 500 millones de pesos, lo que ha permitido incorporar al sistema educativo nacional 3 mil 996 aulas en 465 centros educativos.
Otro aspecto que concitaba, y aún concita, la atención pública, es el relativo a la inversión en educación.
Sobre ese particular debo indicar que de una inversión de algo más de 12 mil 700 millones de pesos en el 2004, en la actualidad tenemos una inversión de cerca de 25 mil millones de pesos en el área educativa, prácticamente el doble de dos años atrás, y el mayor aumento registrado en toda la historia de la educación dominicana.
Cerca de 32 mil maestros y maestras han sido beneficiados con programas de formación, capacitación, actualización y habilitación docente.
Distribuimos gratuitamente 26 millones 800 mil libros de texto en el sector oficial, para lo cual el Gobierno ha erogado más de 1 mil millones de pesos. Se han instalado 52 bibliotecas digitales. Se ha consolidado el Portal Educativo Dominicano, con más de 10 mil usuarios registrados durante el primer año.
Hay 10 mil computadoras instaladas, entre nuevas y rehabilitadas. Hay siete salas de video conferencia; 60 nuevos laboratorios de informática; 500 laboratorios móviles y 100 laboratorios convenciones en proceso de colocación; 18 rincones tecnológicos y 250 en proceso de instalación.
Se multiplican, de igual manera, los Centros Tecnológicos Comunitarios del Despacho de la Primera Dama.
Durante el año escolar 2002-2003, la sobreedad en el Nivel Básico, esto es, jóvenes con una edad mayor a la que deberían tener para el nivel escolar en que se encuentran, era de 22.6 por ciento. Actualmente ha descendido a 19 por ciento. En el Nivel Medio estaba en 51.2 por ciento. En la actualidad ha disminuido a 38. 7 por ciento.
Respecto a la Educación Básica, es importante señalar que hemos logrado notables avances de cobertura en la población entre 6 y 13 años de edad. Según estudios del BID, el 91 por ciento de la población dominicana en ese rango de edad asiste a la escuela y se eleva al 98 por ciento cuando se refiere a los niños y niñas entre 8 y 13 años de edad, siendo uno de los de mayor cobertura en América Latina.
Más aún, en el siglo XXI, al alcanzar los 18 años de edad, un joven dominicano ha estado inscrito en la escuela un promedio de 11.8 años, una cifra sólo superada en América Latina por Argentina y Chile, con 12.1 años de escolarización.
Hacemos todo el esfuerzo por reducir el analfabetismo en nuestro país. En los dos últimos años hemos logrado alfabetizar 102 mil 510 personas. Eso ha permitido reducir del 11.6 por ciento al 11.1 por ciento el índice de analfabetismo en la población de más de 15 años.
Con el esfuerzo de la Red Nacional de Alfabetización, que integra a 105 organizaciones gubernamentales y de la sociedad civil, pretendemos que para el año próximo ese porcentaje no sobrepase el 10 por ciento para que en el 2015, al cumplirse la fecha para el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio de Naciones Unidas, podamos decir: “República Dominicana, Tierra Libre de Analfabetismo.”
En materia de educación superior, el año pasado se otorgaron 2 mil 500 becas, de las cuales mil se destinaron a nivel internacional, tanto en grado como en postgrado, en las áreas de ingenierías, informática, comunicación y negocios, en países como Estados Unidos, España, Francia, Canadá, Taiwán, la India y Corea del Sur.
Así es, Señoras y Señores, los jóvenes de talento de la República Dominicana, aún los provenientes de familias humildes, tienen hoy la oportunidad de recorrer el mundo, aprendiendo todo el conocimiento que puede ser adquirido en materia de ciencia y tecnología para volver a la República Dominicana y prestar su concurso al esfuerzo de transformación nacional.
De igual modo, se becaron 4 mil 200 estudiantes en el programa de Inglés de Inmersión para la Competitividad. Se puso en marcha el programa de Tarjeta Joven Universitaria, el cual les permite precios especiales en varias empresas y posibilidades de trabajo en los sectores público y privado en áreas afines a su formación profesional.
Finalmente, se desarrolló el Foro Presidencial por la Excelencia Académica, el cual, apoyándose en las experiencias del Plan Decenal de Educación 1992-2002 y la formulación del Plan Estratégico 2003-2012, mira hacia los retos de la educación en el siglo XXI, en la necesidad de su renovación continua, en su vinculación con el sistema productivo nacional y en su capacidad para mejorar la condición humana de los dominicanos.
En ese contexto es que debe comprenderse el esfuerzo que hace el Gobierno para promover la transformación de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, a los fines de que el más viejo centro de educación superior del Nuevo Mundo se convierta en uno de los más modernos, más eficiente y más integrados a la realización del cambio social, por medio de la ciencia, la tecnología y la innovación.
En la UASD lo que ha habido es una verdadera revolución. Además de la construcción de la Biblioteca Pedro Mir, se han remodelado el Alma Mater, las Oficinas Administrativas y la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales.
Se construyó el Centro Universitario Regional de Santiago (CURSA).
Se construyó el Centro Universitario Regional del Atlántico (CURA), de Puerto Plata.
Se construyó el Centro Universitario Regional del Este (CURE), en Higuey.
Se construyó el Centro Universitario Regional de Nagua (CURNA), el cual será inaugurado en las próximas semanas.
En estos momentos se levantan los centros universitarios regionales de Bonao, San Juan de la Maguana, Valverde y Barahona; y en la sede central se erige el edificio de Ciencia, Tecnología e Innovación, la Torre Administrativa y el Comedor Universitario.
Sin lugar a equívocos, aunque con modestia, aquí podemos afirmar: ¡En la UASD, nunca se había hecho tanto en tan poco tiempo!
Por otra parte, es preciso indicar que durante el pasado año se logró una activa y dinámica acción cultural en todo el país, la cual, a decir verdad, tampoco ha tenido precedentes.
La realización de exposiciones pictóricas, conciertos, recitales; la descentralización de la acción cultural hacia las provincias y barrios; la multiplicación de los talleres literarios; la creación de más de 30 escuelas libres para la enseñanza artística masificada; las ferias del libro; el teatro de calle; las ferias de artesanía y una notable presencia en los foros internacionales, le han otorgado a la cultura nacional un nuevo rostro y una nueva dimensión para orgullo y disfrute de todos los dominicanos.
En estos momentos se trabaja intensamente en la elaboración de un Código de la Cultura, que incluirá la Ley de Cine, la Ley del Libro y Bibliotecas, la Ley de Patrimonio y la Ley de Archivos.
Ya varios de estos proyectos han sido sometidos a la consideración del Congreso Nacional, y en estos momentos me complace anunciar que estoy depositando formalmente ante esta Asamblea Nacional el proyecto de Ley para el Fomento de la Actividad Cinematográfica en la República Dominicana o Ley de Cine, lo que constituye un enorme paso de avance hacia el desarrollo de una de las más importantes industrias culturales, la cual, en la actualidad, se encuentra en pleno auge en nuestro país.
De igual manera, se ha creado una comisión de juristas para trabajar en la elaboración del Código de la Comunicación, el cual, además de contener la Ley de Telecomunicaciones, ya vigente, incluirá una nueva ley sobre expresión y difusión del pensamiento, una ley de radio, una ley de televisión y una ley de publicidad. Además, se procederá al cambio de la Comisión Nacional de Espectáculos Públicos y Radiofonía por un Consejo del Audiovisual.
No debe escapar a la atención nacional que este año 2007, ha sido designado, de manera especial, Año del Libro y la Lectura, con lo cual pretendemos llevar a cabo múltiples eventos y actividades para cultivar el hábito que mayor contribuye al desarrollo de la inteligencia humana.
También el 2006 fue un año pródigo en la realización de eventos deportivos y de recreación, pero hay tres que de seguro siempre perdurarán en nuestros recuerdos: los XIII Juegos Deportivos Nacionales de Monte Plata, la hazaña de Marcos Díaz, nadando para su pueblo, tanto en la India, como aquí, desde Boca Chica hasta el Malecón, y la noche en que Joan Guzmán deleitó a toda una nación defendiendo exitosamente, con espíritu combativo, su corona de campeón.
Todos esos son hechos que nos llenan de orgullo y nos permiten reafirmar nuestra condición de dominicanos.
Adelante jóvenes deportistas.
Adelante Marcos Díaz.
Adelante Joan Guzmán, tres veces campeón.
La Patria regocijada hoy les reconoce y les aplaude.
Las espectaculares hazañas que nuestros deportistas pueden realizar, se debe, como todos sabemos, a sus excepcionales condiciones físicas, de donde resulta que el bienestar social se convierte en un factor fundamental para el progreso de una nación.
Dentro de un plan nacional de promoción del bienestar social, la salud, la seguridad social y las redes de protección son elementos fundamentales.
En correspondencia, una vez más, con estudios de organismos multilaterales, en la República Dominicana, durante la década de los noventa hasta la actualidad, se han producido avances significativos en distintos indicadores de salud.
De 1990 al 2002, por ejemplo, la mortalidad de menores de 5 años se redujo de 58 a 38 por mil nacidos vivos; y la mortalidad infantil general, a su vez, disminuyó de 42 a 32 por mil nacidos vivos.
En el 2006, esa mortalidad infantil continuó en descenso, al colocarse en 30 por cada mil nacidos vivos. El promedio en América Latina y el Caribe es de 28, lo que indica que vamos por el sendero adecuado para alcanzar la meta de los Objetivos de Desarrollo del Milenio.
Entre 1996 y 2002, la mortalidad materna descendió de 229 a 178 por 100 mil nacimientos. Desde el inicio de esta gestión al año pasado, se ha reducido aún más, pues en estos momentos es de 115 por cada cien mil nacidos vivos.
La meta, sin embargo, es que para el 2015 sea tan sólo de 28 muertes por cada 100 mil nacimientos viables, lo cual, de ser consistentes con nuestros actuales programas, podríamos asegurar que también lo lograremos.
La tasa promedio de infección de VIH/Sida ha permanecido estable en alrededor de un uno por ciento en los últimos cinco años.
La malaria y la tuberculosis han disminuido en forma significativa. No así el dengue, la cual es una enfermedad de grave impacto epidemiológico.
Con la finalidad de abordar de manera satisfactoria este problema prioritario de salud, para este año se ha lanzado la Estrategia de Gestión Integrada para la prevención y control del Dengue, que consiste en reducir los factores de transmisión del vector, entre los cuales se encuentra el medio ambiente, que influye directa e indirectamente en el comportamiento epidemiológico y social que esta enfermedad representa para nuestro país.
En el 2006, 611 mil 517 niños y niñas menores de tres años fueron inmunizados contra la poliomielitis, en adición al programa regular; y más de 5 millones de personas fueron vacunadas contra la rubéola y el sarampión.
Se creó la Comisión Nacional de Atención Primaria. Se actualizó el Plan Decenal de Salud. Se puso en funcionamiento la Unidad de Análisis de Situación de Salud y se aprobaron diversos reglamentos, como los de sistemas de información, redes de salud y medicamentos, entre otros.
En estos dos años y seis meses de gestión gubernamental hemos transformado las llamadas “boticas populares”, que vendían medicamentos de cuestionable calidad, en verdaderas Farmacias del Pueblo, gracias al diseño y ejecución de un plan estratégico de alcance nacional para adecuarlas a los modernos criterios de habilitación farmacéutica.
En lo que atañe al sistema de seguridad social, el régimen subsidiado alcanza al día de hoy 528 mil personas en situación de indigencia, a las cuales se les ofrece servicios médicos, pruebas de laboratorio, diagnósticos y medicinas gratuitos, comprendiendo en estos momentos las regiones del Sur (desde Azua hasta la frontera) y todas las provincias del Este y el Nordeste, desde Salcedo hasta Samaná.
Al finalizar el año 2007, esos servicios habrán sido extendidos a un millón de personas, cubriéndose desde el mes de marzo la provincia de Monte Plata, el municipio Santo Domingo Oeste y el Municipio de Santiago.
En el segundo semestre se completará la provincia de Santiago y se aplicará a las provincias de Espaillat, Valverde, Santiago Rodríguez, Monte Cristi y Dajabón.
Con respecto al inicio del seguro familiar de salud del régimen contributivo, se acordó a finales del mes de diciembre del año pasado, entre los representantes de empleadores y de organizaciones sindicales de trabajadores, que el mismo entraría en vigencia a partir del 1 de mayo de este año, fecha en que se procederá a la primera facturación de las cuotas a pagar por empleadores y trabajadores.
Treinta días después de esta primera facturación se iniciarán los servicios y prestaciones a favor de los afiliados que necesiten el cuidado de la salud.
Como el régimen contributivo comprende a los trabajadores asalariados públicos y privados y a los empleadores, eso significa que centenares de miles de personas figurarán como afiliados o beneficiarios, por lo que puede asegurarse que será realmente entonces que se dará inicio al moderno sistema dominicano de seguridad social.
Para esos fines el Gobierno Dominicano proclama que ya está listo; que en el Presupuesto de Ingresos y Ley de Gastos Públicos de este año hizo las apropiaciones de lugar para que todos los empleados públicos puedan beneficiarse de los servicios médicos de calidad que su condición humana reclama y la dignidad personal que cada uno de ellos exige.
¡Que vivan los trabajadores y trabajadoras de la República Dominicana! Que el nuevo sistema nacional de seguridad social y de pensiones les traiga la tranquilidad de espíritu y el sosiego a que son acreedores en virtud de sus largos años de sacrificios en aras del bien colectivo de la sociedad dominicana.
En estos momentos imparto formalmente instrucciones al Secretario de Estado de Hacienda, Lic. Vicente Bengoa, para que proceda en lo inmediato a un aumento en el pago de pensiones de 67 mil personas, entre 75 y 80 años de edad, los cuales reciben mensualmente una ridícula pensión que oscila entre 150 pesos, 400 pesos u 800 pesos.
Eso es inaceptable. Que se eleve el mínimo de la pensión a nuestros mayores a por lo menos tres mil pesos al mes.
Por otra parte, en lo que respecta a los planes de protección social, el gobierno aplica el Programa de Solidaridad, cuyo objetivo es apoyar a los hogares en situación de pobreza extrema.
Este programa comprende tres componentes: Comer es Primero; el Incentivo a la Asistencia Escolar y Dominicanos con Nombres y Apellidos.
Comer es Primero beneficia actualmente a 216 mil 856 hogares, es decir, casi un millón de personas, de las cuales más de 300 mil son niños, niñas y adolescentes.
Para este año 2007 se han incluido en el presupuesto los fondos necesarios para llegar hasta 300 mil hogares.
El Incentivo a la Asistencia Escolar es recibido por 31 mil 826 hogares, con hijos en edad escolar entre 6 y 16 años que asistan regularmente a la docencia. Para este año se tiene previsto llevarlo hasta 100 mil hogares.
El componente Dominicanos con Nombres y Apellidos busca dotar de su correspondiente acta de nacimiento a menores y mayores de edad que carecen de este documento.
Durante el pasado año, el Gobierno otorgó subsidios correspondiente al programa Solidaridad por un monto de 1 mil 454 millones 151 mil pesos, lo que equivale al 10 por ciento del gasto en asistencia social, para beneficiar a las familias más pobres en la República Dominicana.
En el 2006, el gasto social aumentó en 17 mil 708 millones de pesos, lo que representa un 8.6 por ciento del producto interno bruto. Eso, a su vez, significa 2.4 puntos porcentuales más que el año 2004.
Honorables Miembros de la Asamblea Nacional:
En estos momentos las actuales autoridades gubernamentales realizan inmensos esfuerzos para enfrentar de manera exitosa algunos de los retos que mayor interés y atención concitan en la sociedad dominicana.
Entre esos retos se encuentra la situación por la que atraviesa la industria de Zonas Francas en el país, y de manera especial en la provincia de Santiago.
Luego de haber alcanzado un gran auge y de haberse convertido en uno de los pilares fundamentales del crecimiento económico y del desarrollo de la República Dominicana, las Zonas Francas, sobre todo las relacionadas con la producción de textiles y confecciones, experimentan desde hace algunos años un proceso de declive.
Pero eso no es sólo en la República Dominicana. Lo mismo ha ocurrido en México, El Salvador, Honduras, Guatemala y Costa Rica, donde la producción de textiles y confecciones del régimen de maquilas se ha desplomado.
El criterio generalizado es que ese declive se ha debido a cambios en el entorno internacional y a la necesidad de mejorar los niveles de competitividad en el plano local.
En el ámbito internacional, lo que ha ocurrido es que ahora nos enfrentamos a una situación de competencia feroz, fundamentalmente de países asiáticos, como China y Vietnam, que tienen costos laborales muy bajos, y al hecho de que la eliminación del sistema de cuotas a la importación de textiles ha abierto el mercado norteamericano a la producción de esos países mencionados.
¿Qué hacer frente a esta dramática realidad que se ha traducido en una dolorosa pérdida de empleos en un sector que se consideraba seguro y estable?
Lo primero es la rápida incorporación de nuestro país al Acuerdo de Libre Comercio con los Estados Unidos y Centroamérica, lo cual permitirá la generación de certidumbre y confianza en la industria.
He tenido en estos días contactos directos con la Representante Comercial de los Estados Unidos, la señora Susan Schwab, quien me manifestó que con la dejada sin efecto de dos recientes resoluciones de la Secretaría de Industria y Comercio para dirimir un reciente conflicto suscitado entre una empresa norteamericana y transportistas locales de combustible, se estaría en condiciones para que en los primeros días del mes de marzo, la Casa Blanca pueda anunciar la entrada en vigencia del referido acuerdo comercial.
Estamos confiados que así será, y por supuesto, ese sólo anuncio contribuirá a restablecer el sector, a inyectarle confianza y optimismo, y a reorientar su futuro por nuevos caminos de prosperidad y progreso.
En el plano interno, se requiere de una estrategia de relanzamiento del sector de Zonas Francas, la cual, a nuestro modo de ver, debe abarcar tres aspectos fundamentales. En primer lugar, como generar mayor valor agregado a la producción. Segundo, como establecer mayores niveles de vinculación con la industria local que no es de Zonas Francas; y tercero, que es tarea esencialmente del gobierno, promover una adecuación del marco legal del sector.
De alguna manera, esa estrategia de relanzamiento ya se inició cuando desde el mes de octubre del año pasado el Poder Ejecutivo envió al Senado el proyecto de Ley de Incentivos a la Industria, mediante la cual declara de prioridad nacional los sectores pertenecientes a la cadena de algodón, fibra, textil, confección y accesorios, fabricación de calzados y manufactura de cuero, con lo cual conservarán sus incentivos más allá del 2009.
Para contribuir a mejorar la competitividad de las empresas dedicadas a la fabricación de ropa, la Superintendencia de Electricidad les otorgó la condición de Usuarios No Regulados, lo que les permite adquirir energía eléctrica a una menor tarifa.
Para mejorar aún más los costos internos de producción, también se han otorgado autorizaciones para la adquisición de combustibles que van directamente integrado al proceso industrial.
En adición, la Dirección General de Aduanas redujo la tasa por servicios que cobra a todo exportador, ofreciendo un tratamiento especial al sector de Zonas Francas y estableciendo una tarifa fija, al tiempo que en Santiago, el Consejo Nacional de Zonas Francas propulsó una política de reducción en la tarifa de renta de edificios.
El Instituto de Formación Técnico Profesional (INFOTEP), en coordinación con la Corporación de Zona Franca de Santiago y la Agencia Internacional de Desarrollo (USAID), inauguró recientemente el Centro de Capacitación para la Especialización de Técnicos en el área de desarrollo de productos como soporte fundamental hacia la integración vertical de la industria de ropa.
Asimismo, se ha puesto en marcha, a través del Centro de Exportación e Inversión (CEI-RD), la creación del Centro Internacional para la Innovación en Tecnología y Administración de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, en alianza con el Rochester Institute of Technology.
Y en estos momentos, esa estrategia de relanzamiento se reafirma con la decisión del Gobierno, que en estos momentos hago pública, de crear un Fondo Especial para la Reconversión de las empresas viables de Zonas Francas, por un monto inicial de 1 mil 200 millones de pesos, a los fines de que sirvan de garantía para que las empresas del sector tengan acceso a nuevos créditos.
Otro de los grandes desafíos que tenemos por delante es el relativo a la seguridad ciudadana.
Ya, en otras ocasiones he tenido la oportunidad de referirme con amplitud a este gravísimo problema, que trastorna toda la vida social, generando temor e infundiendo desasosiego.
Por supuesto, el auge de la criminalidad y del tráfico ilícito de drogas se corresponde con eso que los estudiosos han dado en llamar el lado oscuro de la globalización, porque, real y efectivamente, su incremento se ha constituido en un fenómeno de carácter internacional.
Para combatir eficazmente el fenómeno del crimen y de las drogas, además de políticas internas adecuadas, se requiere de la cooperación internacional.
Por ese motivo, durante el mes de marzo tendremos una cumbre con el Presidente de Colombia, Álvaro Uribe, el Presidente de Haití, René Préval, representantes del CARICOM, y los encargados o representantes del área de drogas de los Estados Unidos y España.
Luego, habrá otra reunión, durante el mismo mes de marzo, pero de carácter ministerial, para darle seguimiento a los mecanismos de cooperación y asistencia técnica en el combate al crimen.
Conforme a las estadísticas, la tasa de criminalidad disminuyó el año pasado en el país, pero todavía persiste en la percepción ciudadana la imagen de que la acción delictiva continúa haciendo estragos en la sociedad dominicana.
Por consiguiente, para combatir el crimen, en adición a la cooperación internacional, continuaremos impulsando el programa de reforma estructural y profesional de la Policía Nacional. No desmayaremos en brindarle todo el apoyo al Programa Barrio Seguro, al Programa de Prevención y Seguridad, con la continuidad del patrullaje mixto de policías y militares, al de Ordenamiento de Carreteras y al de Control Sobre los Centros de Expendios de Bebidas Alcohólicas.
Pero, de igual forma, iniciaremos el programa de Regularización y Ordenamiento del Motoconcho, en el que cada motoconchista utilizará un chaleco lumínico con un número de identificación, el Banco de Mi Barrio, un programa innovador para financiar 500 microempresas en los barrios intervenidos, y el programa Becas para Mi Barrio, con el cual aspiramos a contribuir con la formación escolar y profesional de jóvenes impedidos de hacerlo por falta de recursos económicos.
En síntesis, estamos conscientes que la lucha contra el crimen y el narcotráfico requiere de esfuerzos extraordinarios por parte de todos, del Gobierno y de la ciudadanía, pero aquí también estoy convencido que lo peor que le ha podido pasar al crimen organizado es haber tenido la osadía de desafiar al indómito pueblo dominicano.
Que el crimen organizado, la delincuencia callejera y el narcotráfico reciban claro nuestro mensaje: ¡Aquí no pasarán! En la República Dominicana serán irremediablemente derrotados!.
El otro gran reto que tenemos por delante es el que se refiere al sector eléctrico.
Sobre ese particular, es importante destacar que se ha venido desarrollando un Plan Integral, con el objetivo de que los dominicanos podamos recibir un servicio de energía en cantidad suficiente, con la calidad necesaria y a un precio razonable.
El Plan Integral incluye acciones simultáneas en las áreas de Generación, Transmisión, Distribución y Comercialización. En esta última área se están tomando medidas para incrementar el suministro de energía, reducir las pérdidas, aumentar los cobros y controlar los costos operacionales.
Para respaldar el desempeño del sector y garantizar el pago de la factura corriente a los generadores de electricidad, el Gobierno entregó un aporte de 545 millones de dólares en el año 2006. Este aporte habría sido menor de no haberse producido alzas desmesuradas en los precios internacionales de los combustibles.
Como consecuencia de la recuperación del sector, se ha proyectado para este año un aporte de 400 millones de dólares, lo que significa una reducción de un 27% con relación al año anterior.
Cabe destacar que la CDEEE y las Empresas Distribuidoras han honrado sus compromisos de pago a los generadores por concepto de facturación corriente correspondiente a los años 2005 y 2006, y que la deuda congelada al 31 de diciembre del 2004, ha disminuido como consecuencia de pagos y transacciones directas entre agentes del mercado eléctrico.
Al ser estas instituciones más eficientes en el cumplimiento de sus obligaciones, aunque el gran público todavía no lo percibe, cada día se incrementa el suministro de energía, aumentan los cobros y disminuye el déficit financiero del sector.
Todo eso indica que avanzamos hacia el logro del gran sueño nacional de tener una República Dominicana libre de apagones. Todavía no hemos conquistado esa anhelada meta, pero les aseguro que nos dirigimos hacia ella con paso firme y seguro.
Más allá del sector eléctrico, hay varias potenciales inversiones en energía eólica y solar, que sólo esperan la aprobación final por parte del Congreso de la Ley de Incentivo a las Energías Renovables.
De igual forma, hay dos grandes empresas locales que se han comprometido a realizar cuantiosas inversiones en la producción de etanol, haciendo uso de los ingenios azucareros de Quisqueya y Consuelo para la producción intensiva de caña. Eso, obviamente, permitirá la reactivación de ese sector, el cual contribuirá a la generación de empleos en las áreas actualmente deprimidas de San Pedro de Macorís y zonas aledañas.
Un tercer desafío lo constituye el llamado déficit cuasifiscal del Banco Central, originado por el manejo inadecuado de la crisis bancaria durante la pasada administración.
Sobre ese particular, me permito informar que la Comisión de Alto Nivel designada por Decreto Presidencial en septiembre del 2005, en el marco de los requerimientos con el Fondo Monetario Internacional, ha concluido y aprobado el diseño de un Plan de Recapitalización del Banco Central.
En base a ese plan estaremos sometiendo, en los próximos días, al Congreso Nacional, un proyecto de Ley Marco que establecerá los mecanismos para que el Estado pueda hacer emisiones graduales de bonos a favor del Banco Central, a tasas de interés de mercado y a plazos mayores de un año, de forma tal que al término de 10 años el referido banco quede totalmente recapitalizado.
Por otro lado, es de gran interés nacional poder disponer de un plan para el uso productivo de los recursos acumulados en los llamados fondos de pensiones, que en la actualidad asciende a más de 30 mil millones de pesos.
En base a recursos provenientes de esos fondos de pensiones, nos permitimos anunciarle hoy al país, el inicio de un Programa Nacional de Construcción de Viviendas, el cual beneficiará a 6 mil 300 familias de ingresos medios y bajos de Santo Domingo y Santiago.
Para ese programa, el Gobierno entregará un bono inmobiliario de 100 mil pesos a cada familia para facilitarles acceder a un crédito bancario que les permita adquirir su vivienda a un costo módico.
Más aún, en base a la experiencia de los programas de asociación público privado que ha podido llevarse a cabo en países como España, México, Colombia, Chile y Brasil, donde se ha logrado imprimirle un gran impulso al desarrollo de las obras de infraestructura, hemos podido comprobar que ahí también podrían ser de gran utilidad los fondos de pensiones, sobre todo, al someter al Congreso Nacional un proyecto de Ley de Concesiones de Obras y Servicios Públicos, que ampliaría sobre esta materia la Ley No. 340-06, sobre Contrataciones de Bienes, Obras, Servicios y Concesiones del Estado.
Lo que procuraría esta nueva ley es ofrecer mayores garantías, certidumbre y confianza a las inversiones, que además de provenir de los fondos de pensiones, como hemos indicado, también pudieran provenir a través de los mercados internacionales de capitales o instituciones multilaterales de financiación.
Al aprobarse ese nuevo instrumento legal, el Gobierno estaría en condiciones de someter a una licitación pública internacional un programa de concesiones viales que denominaremos VIADOM 2007.
Ese programa abarcaría 990 kilómetros y conllevaría una inversión de 700 millones de dólares.
Se licitarían tres lotes y el plazo de la concesión sería por treinta años, período durante el cual el concesionario estaría obligado a garantizar el mantenimiento de la obra.
En el primer lote se haría la rehabilitación de la Autopista Duarte hasta el Cruce de San Francisco de Macorís. La ampliación a cuatro carriles desde el cruce de la Autopista Duarte hasta San Francisco. Construcción de la Circunvalación de San Francisco de Macorís y rehabilitación de la carretera que une a San Francisco de Macorís con el municipio de Nagua.
En el segundo lote se llevaría a cabo la rehabilitación de la Autopista Duarte hasta Santiago. Se le daría terminación a la Circunvalación de Santiago. Se haría la reconstrucción de Navarrete a Montecristi; y se garantizaría el mantenimiento a los tramos carreteros de Monte Cristi, Dajabón, Santiago Rodríguez, Mao, Cruce de Guayacanes.
En el tercer lote, se haría una combinación de carreteras de la región sur y la región norte, lo cual haría factible el costo financiero de los proyectos.
En tal virtud, se rehabilitaría la Carretera Sánchez, desde el km. 12 hasta el Cruce de la Autopista 6 de Noviembre, y desde la Isabel Aguiar hasta el inicio de la Autopista San Cristóbal-Baní.
Se construiría la Circunvalación de Baní y se rehabilitarían los tramos Baní, Azua, Barahona. En la parte norte se ampliaría a cuatro carriles la Autopista Navarrete-Puerto Plata y se rehabilitaría la carretera Puerto Plata-Sosúa-Río San Juan-Cabrera-Nagua.
En resumen, un verdadero proyecto de modernización de las principales carreteras del país, lo cual, a su vez, liberaría recursos para que el Gobierno pueda concentrar su atención al fomento de políticas de reducción de la pobreza.
Pero aún sin haber logrado la aprobación de una herramienta de trabajo como la referida ley de concesión, el Gobierno pudo, el año pasado, concluir diversos proyectos de infraestructuras de gran valor e importancia para las comunidades.
Sin pretender abrumarles con un catálogo de realizaciones, concédanme, sin embargo, el honor y el privilegio de compartir con Uds. la identificación de algunas de ellas.
En materia de agua potable, por ejemplo, terminamos 32 acueductos en todo el territorio nacional y rehabilitamos cerca de 70.
Inauguramos los acueductos de San Francisco de Macorís, San Cristóbal y El Valiente, Bocha Chica, La Caleta. Ya está listo para inaugurarse el gran acueducto de la Línea Noroeste en su primera y segunda etapa, y para el próximo mes de abril, estará listo también el acueducto múltiple de la región suroeste.
Además, iniciamos la construcción del acueducto de Samaná.
De igual manera, se concluyó la reconstrucción del Puente Duarte, en el Distrito Nacional; la construcción del Puente Mauricio Báez, en San Pedro de Macorís; del puente sobre el río Congo en Monte Plata; y de los puentes sobre el río Guarón y el río Caciquillo en El Seibo.
Se ejecutó la rehabilitación del Malecón de Puerto Plata, de varias carreteras de distintos puntos del país y la pavimentación de diversos barrios en distintas comunidades. Se construyeron 1 mil 464 nuevas viviendas. Se aplicó el programa de cambio de piso de tierra por piso de cemento y se extendió por todo el territorio nacional el programa de mejoramiento de viviendas.
Como tengo la sospecha que algunos de Uds. estará pensando acerca del Metro, les diré que albergo la esperanza que para el próximo 27 de febrero, al terminar nuestra intervención ante la Asamblea Nacional, les pueda invitar para que juntos realicemos el recorrido histórico que ha de conducirnos desde la estación, aquí cercana, del Centro de los Héroes, a la siempre entrañable comunidad de Villa Mella.
Les prometo que será un paseo agradable, refrescante y divertido. Aunque les aclaro, desde ya, que en el tren está prohibido comer chicharrones.
Señores Miembros de la Asamblea Nacional. Distinguidas Personalidades:
Al tiempo que durante los últimos dos años y medio hemos realizado ingentes esfuerzos para superar la situación de crisis económica y financiera heredada, una revolución silenciosa, casi imperceptible, ha ido esparciéndose sobre las instituciones y formas de operar del Estado Dominicano.
Para empezar, se ha creado una Comisión Nacional de Ética y Combate a la Corrupción, la cual tiene como objetivo promover un clima de transparencia en la administración pública. Se estableció el Decreto-Puente y luego se promulgó la ley que crea un sistema de contratación para obras, bienes, servicios y concesiones del Estado.
Se modificó la Ley de Presupuesto. Se modificó la Ley de Tesorería. Se modificó la Ley de Contraloría. Se creó el Sistema Integrado de Administración Financiera del Estado. Se creó la Ley de Crédito Público. Se creó la Dirección General de Contabilidad Gubernamental. Se creó la Secretaría de Estado de Hacienda, en sustitución de la Secretaría de Finanzas y se creó también la Secretaria de Economía, Planificación y Desarrollo, en reemplazo de la Secretaría Técnica de la Presidencia.
En verdad, lo que ha habido en los últimos dos años y medio, en términos de reformas administrativas y financieras del Estado, ha sido dramático e impresionante. Nunca en una gestión de gobierno se habían hecho reformas de esa naturaleza, de manera tan intensa y profundas; y todo con la finalidad de fortalecer el Estado nacional, de hacerlo más ágil, más transparente y más creíble.
Ahora les toca el turno a las instituciones políticas, con lo cual esperamos cristalizar nuestro anhelo de una Revolución democrática para la República Dominicana.
Estamos trabajando activamente, para, previo consenso de las distintas fuerzas, someter un proyecto de Ley de los Partidos Políticos, una Ley de Función Pública, una Ley de Ordenamiento Territorial y un Código de Ordenamiento del Transporte Terrestre en la República Dominicana.
Este último nos parece particularmente útil por la tradición de anarquía, ineficiencia e inseguridad, que ha imperado, durante décadas, en el sector del transporte público en nuestro país.
Para actuar de inmediato en ese ámbito, imparto instrucciones para que la OPRET, en un plazo no mayor de seis meses, conforme la plataforma necesaria para la puesta en vigencia de la Autoridad Única de Transporte; inicie el primer modelo o proyecto piloto de integración modal y tarifaria, a través de las rutas alimentadoras que beneficiarán a las comunidades de Monte Plata, La Victoria, Villa Mella, Sabana Perdida y Nueva Isabela; para que diseñe los planos para la construcción de la primera terminal de buses en la zona norte, ubicada en la Avenida Charles de Gaulle; ponga en marcha los planes para la escuela de conductores y educación a los usuarios; impulse la realización de los estudios para el pago del subsidio de pasajes a los estudiantes, envejecientes y discapacitados; y proceda a la incorporación de los trabajadores del transporte al sistema de la seguridad social.
Creemos, igualmente, en la necesidad de una reforma a la Ley Electoral; a la Ley de Organización Municipal y a la Ley de Organización Judicial.
Pero, con anterioridad a estas reformas, o conjuntamente con ellas, conviene la realización de una reforma a la Constitución de la República, de la cual tenemos ya en nuestro poder el primer borrador, y que será sometida próximamente a la consideración de la Asamblea Revisora.
Una reforma que establezca en un preámbulo cuáles son los valores supremos que distinguen la nación dominicana; que indique con precisión quiénes son dominicanos; que consigne los símbolos patrios al principio del texto y no al final.
Una reforma que incorpore garantías al ejercicio pleno de los derechos fundamentales; que consagre el derecho de tutela o derecho de amparo; el defensor del pueblo, el referéndum y la iniciativa ciudadana en la presentación de leyes.
Creemos en una reforma que revise el artículo 55 de la actual Constitución, que organice los Poderes del Estado, que incorpore los derechos sociales, culturales y ambientales; que garantice la equidad de género y proteja los derechos de los niños, niñas y adolescentes.
Creemos en una reforma constitucional que consagre definitivamente en la República Dominicana un Estado democrático social de Derecho, fundado en la soberanía del pueblo, la libertad individual, la solidaridad y la justicia social.
Fue Anatole France, el gran novelista francés, autor de ese clásico de la literatura universal, titulado, La Isla de los Pingüinos, tan frecuentemente citado por mi siempre apreciado profesor Jottin Cury en mis años de estudios universitarios, quien sostuvo “que las naciones que carecen de constituciones y leyes asumen el riesgo de ser gobernados por tiranos y sus ciudadanos verse reducidos a la esclavitud.”
Eso no ocurrirá nunca en la República Dominicana, pues aquí en lo que creemos es en una Constitución que le transfiera poder a los ciudadanos; que los proteja de la soberbia, de la arrogancia y de los abusos del poder
Creemos, además, que esa nueva Constitución del siglo XXI para un Estado moderno en la República Dominicana, debe ser elaborada por los actuales Senadores y Diputados, miembros de esta Asamblea Nacional, electos democráticamente por el pueblo en sufragio libre y transparente, para que sus nombres resplandezcan por los siglos como los autores legítimos del diseño constitucional que garantizó la paz y la convivencia civilizada entre los dominicanos.
Para impulsar un proyecto de esta magnitud decidimos crear una Comisión de Juristas, expertos en Derecho Constitucional, así como convocar la realización de consultas populares en todo el territorio nacional y con los distintos sectores del país, con el objetivo de que fuera éste un proceso genuinamente democrático y auténticamente participativo.
Los juristas que en forma generosa y desinteresada prestaron su concurso y su prestigio profesional a esta noble causa de reformar la Ley Sustantiva del Estado, merecen nuestro reconocimiento y nuestro respeto.
Ellos son: Dr. Milton Ray Guevara, Dr. Adriano Miguel Tejada; Dra. Aura Celeste Fernández; Dr. César Pina Toribio; Dr. Eduardo Jorge Prats; Dr. Flavio Darío Espinal; Dr. José Darío Suárez; Dr. Julio César Castaños; Dra. Leyda Piña; Dra. Licelott Marte; Dr. Luis Gómez Pérez; Dr. Pelegrín Castillo y Dr. Raymundo Amaro.
Esa Comisión ha estado bajo la coordinación de Monseñor Agripino Núñez Collado, Rector de la Pontificia Universidad Madre y Maestra (PCMM); del Dr. Carlos Dore, Director de Información, Análisis y Programación Estratégica (DIAPE), y del Dr. Marcos Villamán, Director del Consejo Nacional para la Reforma del Estado (CONARE).
Pero, de igual manera, deseo que reconozcamos aquí la presencia de Francisco Pérez, de Barahona, quien participó en forma entusiasta en los encuentros populares. La presencia de Patricio Alcántara Báez, en representación de los discapacitados y quien es nieto de ese inolvidable luchador por la causa de los trabajadores dominicanos, Maricio Báez. Reconozcamos también la presencia de Lucelinda Encarnación, de la provincia Elías Piña, que era de las primeras en todos los debates que se suscitaron; Aquilino Romero, de la provincia María Trinidad Sánchez, quien en todo momento asumió con gran responsabilidad esta convocatoria popular; Dr. Juan Rumaldo, de Montecristi, quien hizo valiosos aportes en sus distintas intervenciones; y Doris Peralta, de Puerto Plata, quien siempre realizó grandes esfuerzos para el éxito de las convocatorias.
En adición a ellos, están también aquí, con nosotros, representantes de todas las provincias del país que participaron en las consultas populares para una Constitución moderna, del siglo XXI, para la República Dominicana.
Finalmente, permítanme compartir con Uds. este momento memorable en que una nueva generación de dominicanos hacía su compromiso con el futuro de la Patria.
(Video).
Esos niños que acabamos de ver en pantalla están también aquí con nosotros. Ellos son la garantía de que si algo no perecerá con el tiempo es la condición de ser dominicanos.
Y esa, por supuesto, es la gran deuda que tenemos contraída con los Padres Fundadores de la República, con Juan Pablo Duarte, con Francisco del Rosario Sánchez y Ramón Matías Mella, así como con aquellos que con su esfuerzo, su valentía y sus sacrificios nos dotaron de una Patria, una identidad y un sentimiento de orgullo por ser los hijos de esta tierra.
En esta nueva comparecencia ante los Ilustres Miembros de la Asamblea Nacional, me permito decir, con esperanza renovada en el futuro, con fe en nuestro destino, lo que aquí dije por vez primera con gran fuerza de convicción:
¡En la República Dominicana, definitivamente, ¡E’Palante Que Vamos!
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