El aborto se perfila como tema campaña electoral

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La despenalización del aborto, que constituye uno de los temas más duros y dificiles en la generalidad de los países, ha llegado con fuerza a la República Dominicana, donde hasta el momento era motivo de pugnas entre sectores religiosos y algunos médicos, teniendo de por medio las posiciones de algunas organizaciones feministas y de no pocos abogados.

El tema, en ocasión de estar contenido en el prouyecto de reformas que sobre el Código Penal se discute en el Congreso Nacional, ha tomado un giro que lo pone en el camino del debate electoral, hacia las elecciones del 2008.

En este último contexto, el candidato presidencial del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), Amable Aristy Castro, ha exigido que los otros dos candidatos de fuerza, Leonel Fernández, del partido oficial, y Miguel Vargas Maldonado, del PRD, asuman una posición directa y franca sobre el espinoso tema y lanzó inmediatas acusaciones contra el Presidente de apoyar la medida.

Con su pronunciamiento, el aspirante presidencial reformista cierra filas con el Cardenal Nicolás de Jesús López Rodríguez, quien acusó a la ONU, algunas de sus agencias y a Organizaciones No Gubernamentales, ONGs, de presuntamente sobornar a legisladores y médicos para lograr la despenalización de la interrupción de los embarazos.

El aborto es ilegal en el país, excepto para salvar la vida de la mujer, pero a pesar de su ilegalidad, se practica de manera clandestina en hospitales y clínicas privadas, así como en casas, moteles y cabañas, según denuncias recogidas en algunos medios de comunicación.
De hecho, muchos médicos creen que el aborto terapéutico es legal y algunos hospitales públicos han llegado inclusive a desarrollar procedimientos y medidas para considerar y autorizarlo, previa autorización por escrito de otro colega médico y/o el colocar la decisión en manos de un panel médico. Una vez autorizado, se notifica a las autoridades legales que el aborto va a ser realizado.

La despenalización
La propuesta de una coalición de organizaciones civiles es de incluir la despenalización del aborto en la reforma del Código Penal Dominicano, que contempla penas de seis meses a dos años de cárcel para "el que por medio de alimentos, brebajes, medicamentos, sondeos, tratamientos, o de otro modo cualquiera, causare o cooperare directamente a causar el aborto de una mujer embarazada, aun cuando ésta consienta en él".

Varios grupos civiles y profesionales han reiterado su propuesta de despenalizar la interrupción voluntaria del embarazo cuando éste sea producto de una violación, se comprueben malformaciones del feto o esté en peligro la vida de la madre. Entre los sectores que favorecen el aborto esta el Colegio Médico Dominicano (CMD), cuya dirección entiende que la interrupción del embarazo de manera terapéutica “está establecido en acuerdos internacionales”, e incluso es aceptado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), por lo que "oponerse no puede ser sobre base ideológica".

Según declaró a una agencia internacional del abogado Ángel Veras Aybar, consultor jurídico del CMD, "la ley no se puede hacer para complacer intereses de grupos".

También lo apoyan la organización no gubernamental Colectiva Mujer y Salud. Cuya directora ejecutiva, Sonia Galván, ha declarado que “la penalización no resuelve el problema, provoca que mujeres indefensas pongan en riesgo su vida con la práctica ilegal del aborto al que se someten".
Insiste en que el aborto "es un asunto de derechos humanos", por lo entiende que constituye un abuso "obligar a una mujer a mantener un embarazo producto de una violación o un incesto, cuando en realidad es a ella a quien corresponde decidir al respecto".

En el Congreso
El presidente de la Cámara de Diputados, Julio César Valentín, quien se ha pronunciado a favor de la despenalización, ha prometido que debatirá la reforma del código penal, pero aclara que "no recibirá presiones de ningún sector mientras discuta el tema del aborto".

La reforma al código penal fue aprobada por el Congreso Nacional en el 2006, pero el Presidente Fernández la observó y la devolvió a las Cámaras, llamando la atención sobre la ausencia de figuras que castiguen la explotación sexual y comercial de niños, niñas y adolescentes.
El diputado Pelegrín Castillo Semán, de la conservadora Fuerza Nacional Progresista (FNP), quien preside la comisión que estudia el proyecto asegura “que las condiciones están dadas” para someter el informe final al plenario antes del 15 de octubre “que decida la pertinencia o no de despenalizar el aborto”, aunque en conferencia de prensa esta semana se pronunció contra la medida, en nombre de su partido.

50 millones al año
En el mundo, cada año ocurren aproximadamente 50 millones de abortos (30 millones legalmente y 20 ilegalmente), de los cuales según una investigación divulgada el por la Organización Mundial de la Salud (OMS), 4 millones son hechos a mujeres residentes en América Latina y el Caribe.

La práctica del aborto inducido en América latina se encuentra penado por la ley de casi todos los países, con excepción de Cuba y algunas pocas naciones del Caribe, y en casi toda la región, los médicos pueden legalmente interrumpir el embarazo que amenace la vida de la mujer, que resulte de una violación o incesto, o que esté caracterizado por una malformación fetal, pero estas opciones raramente son usadas.

La preocupación existente por el alto nivel de abortos clandestinos en América latina no es nueva, por lo que los legisladores y profesionales médicos, en los últimos treinta años, son conscientes de que son aplicados procedimientos inseguros en la mayoría de los países de la región, a un nivel que ha provocado graves consecuencias para la salud de la mujer y para el costo de los servicios de salud nacionales.

Actualmente, en América latina y el Caribe el promedio de muertes maternas en la región es de 194 mujeres por cada cien mil nacidos vivos, la cuarta tasa más alta del mundo.
El aborto clandestino llega a los 4 millones al año, de los cuales 800 mil casos requieren hospitalización por complicaciones subsecuentes. Se calcula que por cada 1000 mujeres en edad reproductiva (15-49 años) se practican 30 abortos inseguros.

El 21% de las muertes relacionadas con el embarazo, parto o posparto tienen como causa las complicaciones del aborto inseguro, según datos de la OMS, se calcula también que por día, por lo menos 2,191 mujeres y adolescentes son hospitalizadas en la región debido al aborto inseguro.
Planificación familiar.

El uso mejorado de anticonceptivos, junto con los servicios de planificación familiar, pueden reducir enormemente los embarazos no programados, pero existen evidencias de que el número de abortos puede haber disminuido en regiones de Colombia y México, dos países en los cuales el uso de anticonceptivos es generalizado.

Sin embargo, se ha verificado que incluso en aquellos lugares en los cuales los servicios de planificación familiar se encuentran disponibles y accesibles, muchas mujeres tienen dificultad para usar los métodos anticonceptivos de una manera consistente y eficaz, y debido a la falta de continuidad el porcentaje de fracasos es alto.

Comparativamente, en América latina, el porcentaje de abortos es más del doble del que se registra en Estados Unidos, pero como el procedimiento se realiza de manera clandestina, se encuentra asociado a una alta incidencia de muerte materna y mutilación.
Por contraste, en muchos países donde el aborto es legal y practicado en condiciones seguras, el porcentaje de abortos está entre los más bajos del mundo.