Por Miguel Cruz Tejada
De El Nuevo Diario, Rotativo Dominicano
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NUEVA YORK._ “En ninguna parte de la ley o constitución indican que el voto debe ser gratuito”, esa fue la lacónica y contundente respuesta del doctor Roberto Rosario Márquez, presidente de la Cámara Administrativa de la Junta Central Electoral (JCE) de la República Dominicana, para referirse a la marcha que contra el cobro de $35 dólares por la cédula electoral y $10 por el acta de nacimiento, está cargando el organismo estatal a los dominicanos en el exterior.
Rosario, participó ayer en un evento organizado en un restaurante de El Bronx por el senador estatal puertorriqueño reverendo Rubén Díaz, en el que se refirió a la situación y a las protestas de la comunidad.
Acusó al Comité de Partidos Políticos Dominicanos, coalición que organiza la marcha y que está programada para el sábado 12 de mayo a partir de las 4:00 PM de no estar diciéndole a la comunidad las cosas como son.
Al negar las acusaciones de los organizadores de la protesta, a la que según Máximo Padilla, presidente del Comité Dominicano en el Exterior (CODEX), esperan la concurrencia de más diez mil criollos, Rosario reiteró su justificación anterior sobre el drástico recorte hecho por el gobierno al presupuesto de la JCE, que es de un 47%.
“Con el cobro de la cédula de identidad electoral, estamos tratando de recuperar el costo de producción”, explicó Rosario, al que Padilla califica de no ser “ningún magistrado”.
Dijo nuevamente que la JCE tiene gran interés en que la mayor cantidad de dominicanos se empadronen para que puedan votar en las elecciones presidenciales del año 2008.
En el 2004, sólo algo más de 25 mil criollos estuvieron en las mesas electorales de Nueva York y en total, los sufragios en el exterior, no llegaron a sesenta mil papeletas.
Se estima extra oficial que alrededor de dos millones de dominicanos residen en el extranjero, incluyendo Estados Unidos, Europa y América Latina.
Rosario anunció que la JCE está gestionando un préstamo con el Banco Mundial, pero todavía el organismo multi lateral, no lo ha aprobado.
La JCE, es considerada una de las instituciones del estado dominicano con menos credibilidad en la sociedad y entre los propios votantes que no obstante, cada cuatro y dos años, asisten masivamente a ejercer su derecho cívico de elegir y ser electos.
El cobro de los $35 dólares, fue rechazado de plano por la mayoría de entidades comunitarias y líderes locales, durante una asamblea celebrada a comienzos de este año en el consulado dominicano, pero aún así, Rosario insistió en el cobro.
La medida, ha generado agrios enfrentamientos entre los activistas y el presidente de la Cámara Administrativa.
Se espera que dependiendo de la cantidad de participantes en la marcha del sábado, que saldrá de la calle 135 y avenida Brodway, la demostración sirva de presión para que la JCE, revise la medida.
La ley electoral 275-97 en su artículo 39, es meridianamente clara en establecer la gratuidad en la expedición del documento.
Rosario y la junta, son acusados de violar sistemáticamente y contra la voluntad de la comunidad criolla en el exterior, la propia ley que rige el máximo tribunal de elecciones.
Al doctor Rosario, se le ubica políticamente como un “cuadro” del oficialista Partido de la Liberación Dominicana (PLD), en control de la JCE a través del Congreso Nacional.
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